La legislatura provincial aprobó por unanimidad el proyecto que crea juzgados y fiscalías ambientales.
Por Mgter. Abog. Rosana M. Corti
Misiones ha sido vanguardia en los últimos 20 años en normas protectoras del ambiente y de gestión de los recursos naturales, como la reciente ley de humedales, junto a la creación del ministerio de Cambio Climático único de toda América.
Hoy, frente al contexto actual de emergencia planetaria, caracterizada por la crisis climática, pérdida de la biodiversidad, contaminación y residuos -como lo denomina la Organización de las Naciones Unidas-, la defensa del medio ambiente tiene para la provincia de Misiones una importancia cada vez mayor y resalta su responsabilidad de seguir garantizando la promoción de un desarrollo ecológicamente sostenible, teniendo en vista las generaciones venideras y la protección del capital ambiental.
Ahora atraviesa un nuevo desafío: la creación y puesta en marcha del Fuero Ambiental, que busca dar cauce a la creciente demanda referente a la protección de los derechos ambientales y al 52 por ciento de la biodiversidad que alberga.
Esto permitirá que el fuero especializado absorba todos aquellos pleitos en que se encuentra comprometido el interés colectivo ambiental y trate aquellos litigios con los operadores idóneos en la materia.
El Juzgado especializado estará localizado en la primera circunscripción, Posadas, con jurisdicción en toda la provincia y contará con dos secretarías letradas y una fiscalía con competencia específica, encargada de promover las acciones referidas a la defensa del ambiente.
Así, se garantizarán herramientas necesarias para el ejercicio de la tutela jurisdiccional del “derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para un desarrollo en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
La propuesta es innovadora al considerar que por primera vez una Provincia contará con un fuero único ambiental específico, en el que el derecho de acceso a la justicia ambiental, se constituye como uno de los mecanismos a través del cual los ciudadanos participan en el control del cumplimiento de las normas ambientales.
De esta manera, se permitirá que una persona o grupo de personas pueda reclamar o demandar la protección efectiva de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación mediante la vía jurisdiccional.
La creación de Juzgados Especializados en materia ambiental, que apliquen las normas de protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, garantiza el efectivo acceso a la justicia climática y ambiental.
Solución judicial completa
Con la creación de los “juzgados verdes” se concibe una solución justa y transparente para avanzar en la búsqueda del equilibrio sistémico entre la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo.
Contando con la posibilidad de obtener una solución judicial completa y expedita de un conflicto jurídico que tiene naturaleza ambiental, en el que es relevante la idoneidad del juez en la materia, quien debe un rol activo, progresista y un compromiso social y de tutela preventiva, ya que parte del presupuesto de que el medio ambiente está, de antemano, protegido.
El ambientalismo no es una moda; está incluso en los pueblos originarios y la necesidad de la creación de este fuero se sustenta desde hace 50 años desde la Cumbre de la Tierra de Estocolmo en 1972 donde el derecho a un ambiente sano, fue plasmado y reconocido a nivel mundial en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, hasta que la Argentina lo receptó con la reforma de la Carta Magna en 1994, a través de los artículos 41 y 43 para darle un carácter operativo y no solo declarativo con el amparo ambiental.
También, con los tratados internacionales con jerarquía constitucional reconocidos por el artículo 75 inc. 22. Y, posteriormente, con la sanción de la Ley General de Ambiente la cual establece los umbrales mínimos de protección ambiental a nivel nacional, a los que las provincias deben adaptar a sus legislaciones.
No se puede perder de vista que el derecho ambiental tiene un contenido predominantemente social y es ineludible la acción conjunta global pero también la acción local para lograr avances visibles, lo que se vislumbra en los compromisos que han adquirido los Estados desde el año 2000 con los Objetivos del Milenio pasando por el Protocolo de Kioto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible producto del Acuerdo de París, hasta la Cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático (COP26) y la reunión internacional de Estocolmo+50, percibiendo lo que se aproxima en la COP27 en Sharm el-Sheikh, Egipto.
El respaldo de la Corte
Estas iniciativas comprometen a las provincias a seguir tomando medidas concretas tendientes a la protección ambiental de manera integral, lo que requiere adaptar las regulaciones y lo que es más importante, efectivizarlas.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus acordadas 1/2014 y 8/2015, destaca la importancia de crear organismos vinculados y especializados en la protección del ambiente.
Se torna relevante así el deber y la responsabilidad de actuar y reconocer la obligación de generar más instrumentos que satisfagan de manera eficiente las necesidades del medio ambiente y en consecuencia de toda la sociedad. Así, el acceso efectivo a la justicia ambiental es una instancia elemental que hace a la protección y defensa del ambiente; con ello el Fuero Ambiental toma protagonismo.
Además, contar con un órgano específico para tratar las problemáticas ambientales implica descongestionar y liberar otros fueros en pos de aportar mayor rapidez para resolver, más seguridad y certeza gracias al estudio pormenorizado y multidisciplinario, con el fin de garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva del ambiente.
La justicia debe desempeñar un rol central en la consolidación de una meta fundamental como lo es garantizar la legalidad ambiental de las conductas individuales, empresariales y gubernamentales, así como de los procesos económicos de producción, desarrollo e innovación, tanto pública como privada.
Por eso que la cuestión ambiental es un nuevo paradigma que significa poner de acuerdo el sistema económico, el social y el ambiental.
En palabras del propio Ricardo Lorenzetti, nos enfrentamos a un nuevo enemigo que es la catástrofe ambiental, generadora de una crisis que afecta a los ricos y a los pobres, a los partidos de izquierda y a los de derecha, a jóvenes y adultos, a los hombres y a las mujeres, a los que viven en las ciudades y a quienes habitan los campos, ya que no habrá distinciones ni lugar donde esconderse si el planeta explota (Lorenzetti, R., “El nuevo enemigo”. El colapso ambiental”,Ed. Sudamericana,2021,1° edición, pág. 17).
Entonces, en épocas de grietas y polarizaciones extremas el apoyo político que recibe esta norma merece ser puesto de resalto y celebrar el consenso al debatir la problemática ambiental.
Los datos del problema son claros y contundentes.
La biodiversidad de la provincia de Misiones justifica con creces contar con un fuero especializado en materia ambiental.
Se asiste a un verdadero colapso ambiental: inundaciones, tormentas de una intensidad inusitada, cambios de temperatura, sequías prolongadas, incendios, deforestación, extinción de las especies, contaminación de los ríos. Todo ello tiene un impacto directo en los pueblos, ciudades, campos, chacras, en la vida y en la salud de las personas, en el desarrollo de la provincia y, sobre todo, en los niveles de riesgos que afrontaran las generaciones venideras.
La creación de estos juzgados verdes contribuye a generar cambios reales, inspiradores y esperanzadores para afrontar los conflictos sobre los bienes ambientales que hoy constituyen el principal desafío que presenta la humanidad.
(*) Rosana Corti es funcionaria de la Justicia Federal de la Provincia de Misiones y Miembro del Comité Académico de la Fundación Expoterra