Por Daniel Denmon.
Presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Economia Verde y Desarrollo Sustentable del colegio de abogados de Corrientes
El cuidado del ambiente se vuelve una actividad mucho más fácil cuando todos hacemos lo que debemos hacer. Es lo que ocurre en el caso del fallo Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental C/ Miño Luis Bernardo S/ Amparo (fuero civil).
En este proceso, el que inicia la acción contra el particular contaminante es el señor Fiscal Rural y Ambiental de la Provincia de Corrientes, cuya fiscalía tiene sede en La localidad de Mercedes, Corrientes. El Fiscal presenta un amparo ante la primera instancia en lo Civil y Comercial de la misma localidad, con fundamento en la violación de las normas ambientales y el daño ambiental generado.
El tratamiento de la protección ambiental se viene dando en nuestra zona y en el país todo de manera oscilante, con avances y retrocesos que muchas veces desilusionan o desencantan a las personas que trabajan en temas de protección ambiental.
Sin embargo, aquellos que han sido pacientes pueden sostener hoy que poco a poco, paso a paso se van logrando sentencias como la del juez civil y comercial de Mercedes y resoluciones administrativas similares en las que se protege verdaderamente el ambiente.
El derecho ambiental y la protección del ambiente no atenta contra la actividad privada o pública, laboral o empresaria, lo que si hace es poner un límite a esas actividades, tomando como norte lo que es considerado tolerable para nuestra sociedad, con relacion a los años que se causan al ambiente por la realización de las distintas actividades antrópicas.
Y esa protección no es buscada por un capricho o para “acomodarse” con algunas personas, se hace con un objetivo fundamental, que es el de proteger la calidad de vida de las personas, tanto las actuales como las futuras generaciones que deberán vivir en nuestro mismo planeta.
La sentencia, con sus yerros y aciertos, con sus carencias y excesos, logra una solución tajante al problema de la contaminación ambiental generada por el particular, con la connivencia o incapacidad de los funcionarios que desde 1989 permitieron que el emprendimiento funcione y contamine las aguas residuales y las cloacales de la ciudad.